viernes, 10 de febrero de 2012

Elementos para entender la condena a Garzón por las escuchas a abogados

Conocida la sentencia del Magistrado Sr. Garzón (pdf) por ordenar la grabacion a abogados en las conversaciones con sus clientes se hace necesario, visto el rechazo que la misma ha producido en muchas personas explicar algunas cuestiones de su contenido con el fin de tener herramientas sobre si es correcta o no.

Antes de ello me gustaría precisar dos cuestiones:

Por un lado, que el concepto de justicia, admite dos visiones o dos materializaciones. Por un lado la justicia material, que es un concepto implicitamente ligado a conceptos morales sobre el bien y el mal, con una dimensión personal y otra colectiva.

Y  por otro lado la justicia formal que tiene que ver con la obtención de un pronunciamiento con sujección a una serie de reglas formales cuya observancia es imperativa. Sin respeto a esas reglas no podemos alcanzar un resultado justo.

La justicia formal es requisito para alcanzar la justicia material en un estado de derecho, pero no todos los pronunciamientos alcanzados con arreglo a esas normas nos tienen que parecer justos, ahí entran nuestras concepciones morales y personales.

Evidentemente podemos discutir sobre si un resultado nos parece justo o injusto, como ciudadanos, pero la garantía del estado de derecho es precisamente que debemos tratar de llegar a la justicia material sin separarnos de la justicia formal.

Y la segunda cuestión tiene que ver con el derecho de defensa. Este es un elemento esencial del sistema del estado de derecho.

El derecho a que todo ciudadano pueda utilizar las herramientas que el sistema presenta para defenderse así como que la actuación de quienes acusan se adecuen a esas mismas reglas, especialmente si quien dispone de ellas es el Estado, actuando a través de sus instituciones (fiscales, jueces, magistrados, etc.)

Dentro de este derecho a la defensa debemos destacar como pilar esencial el derecho a que abogado y cliente mantengan sus conversaciones en estricta intimidad y por supuesto sin ningún tipo de intervención de sus comunicaciones.

Los abogados lo que deseamos saber de nuestro cliente es exactamente todo lo que éste hizo, con el fin de asegurarle los mejores medios de defensa posibles. Si la parte que acusa conoce las estrategias, medios, etc., es como el jugador que ve las cartas del resto de los jugadores.

Por lo tanto interceptar las comuniciones entre abogado y cliente supone un acto que quiebra todas los principios mínimos del estado de derecho y resulta, por ello, profundamente injusto.
Bien, sentado lo anterior, veamos lo que tenemos en el caso de Garzón.

El magistrado emite un Auto ordenando las escuchas de unos imputados, que se encuentran en prisión y por lo tanto se sabe que sus abogados van a ir a visitarlos, que tiene, entre otras cosas, el siguiente contenido:
Igualmente y dado que en el procedimiento empleado para la práctica de sus actividades pueden haber intervenido letrados y que los mismos aprovechando su condición pudiesen actuar como "enlace" de los tres mencionados con personas del exterior, deviene necesaria necesaria también la intervención que aquellos puedan mantener con los mismos, dado que el canal entre otros miembros de la organización y los tres miembros ahora en prisión podrían ser los letrados que estarían aprovechando su condición en claro interés de la propia organización y con subordinación a ella.

La intervención de las comunicaciones sólo es admitida en casos muy  concretos y limitados. De hecho, por ejemplo, estando en prisión se distinguen las comunicaciones generales de aquellas particulares con los letrados. Las primeras pueden ser intervenidas con autorización del Director del Centro y las segundas sólo pueden ser autorizadas por la autoridad judicial y en supuestos de terrorismo, como expresamente señala el artículo 51:
2. Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.
En los hechos probados de la sentencia, y como el juez declaró en la vista, se refirió en su Auto a que la actuación se hiciese "previniendo el derecho de defensa" lo que motivó una consulta para que explicase el significado de esa expresión a lo que Garzón respondió aclarando que:
[...] deberían proceder a recoger las cintas, escuchar lo grabado, transcribir todo su contenido excluyendo las conversaciones privadas sin interés para la investigación y proceder a su entrega en el juzgado, ocupándose él de lo que procediera en orden al cumplimiento de dicha cláusula."
La indeterminación de los abogados a ser escuchados implicaba, como señala el Supremo, que se grabarían a todos los abogados que tuviesen relación con los imputados, lo que impedía valorar si había indicios de participar en la trama o no.

Hay que indicar que intervenir las conversaciones con los abogados se prohíbe en relación al derecho de defensa, lo que no quiere decir que no sea posible interceptar comunicaciones en las que intervengan abogados. Pero para que esta medida sea adecuada deben existir indicios, previos a la medida de inteceptación, de que el abogado participa en la actividad delictiva. 

De lo contrario podría espiarse a todo el mundo y cuando se descubre que comete un delito justificar, a posteriori, esa intervención.

Pero si se repasa el Auto de Garzón se ve que se refiere a "pueden" y "pudiesen", es decir, que no existe ningún indicio razonable para ello, además no se indica de que abogados estarían implicados, lo que, objetivamente, supone un exceso. _y así lo indica el Tribunal Supremo:
Por lo tanto, en el auto del acusado no se contenía ninguna mención concreta de la identidad de los letrados sospechosos, lo que habría permitido excluir a los demás, ni tampoco precisión alguna acerca de los indicios que existieran contra los que no hubieran sido hasta entonces imputados.
De hecho los acusados cambiaron de letrados, estos se personaron en la causa, y ningún cambio se hizo por parte de Garzón sobre las ordenes de escucha.

Incluso el Fiscal, ante la solicitud de prórroga (y en otro escrito posterior de 23 de marzo) de la medida de escucha indicó:
Por ello, el Fiscal no se opone a la prórroga de las intervenciones solicitadas por la UDEF si bien con expresa exclusión de las comunicaciones mantenidas con los letrados que representan a cada uno de los imputados y, en todo caso, con rigurosa salvaguarda del derecho de defensa.
Y nuevamente se acuerda, al prorrogar las escuchas, que dentro de las mismas se incluyesen las de los abogados.

Es decir, tenemos dos Autos autorizando escuchas, con inclusión de abogados indeterminados, y dos escritos de fiscalía solicitando la exclusión de esas escuchas.

Es muy dificil predicar con esas pruebas, escritos presentes en la causa, que el Magistrado no sabía que su actuación no era correcta.

Así lo ve el Tribunal Supremo:
"La inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa, dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaría a este derecho. El propio tenor literal de los autos lo acredita, al referirse a todos los letrados personados y a otros que mantengan entrevistas con los internos, lo cual, gramaticalmente, al no establecerse excepción alguna, afecta a todos los personados, estén imputados o no, y por lo tanto, existan, o no existan, contra ellos indicios de actividad criminal, y a todos los letrados que se personen en el futuro, con independencia de su identidad, y nuevamente con independencia de que existan o no indicios de actividad criminal contra ellos.
Además, no pudo tener duda alguna sobre ello. Los funcionarios de policía le reclamaron aclaraciones acerca del significado de la frase previniendo el derecho de defensa, con el resultado ya expuesto en el relato fáctico. El Ministerio Fiscal le reclamó la exclusión de las comunicaciones mantenidas con los letrados defensores. Tuvo conocimiento de la personación de nuevos letrados, tras el dictado del primero de los autos. Y los informes de los agentes policiales sobre las conversaciones mantenidas en el curso de las comunicaciones, incluían algunas con los letrados de la defensa de las que no resultaba indicio alguno de actuación delictiva por parte de estos últimos."
Y más y más cuando era evidente que no estábamos ante delitos de terrorismo, que son lo que habilita una Ley Orgánica.

Incluso por la defensa de Garzón se alega que no se intervienen las conversaciones de los abogados, sino la de los internos, en un argumento que resulta grotesco, puesto que la comunicación exige emisor y receptor, y sabiendo que en la misma van a participar letrados es evidente que las suyas también serán objeto de intervención, además de referirse expresamente a estas en sus Autos.

Como dice el TS:
"No se trata, por lo tanto, de un acceso accidental al contenido de las comunicaciones mantenidas con el letrado de la defensa, producido en el marco de una intervención de carácter general, sino de una orden judicial, concreta y específica, directamente encaminada a intervenir esas precisas comunicaciones, que a falta de otros datos versarían sobre la forma en que sería ejercido el derecho de defensa. Así resulta no solo del tenor literal de la primera de las resoluciones, sino también de la actitud del acusado, que al verificar que se habían intervenido comunicaciones entre cada interno y
su letrado defensor, incluso con letrados designados con posterioridad al acuerdo y desconocidos en la causa hasta entonces, lejos de revocar su decisión o de matizarla de alguna forma, acordó su prórroga manteniendo los mismos términos de la primera."

Por lo tanto, en vista de esos elementos probatorios impone una pena de las previstas en el artículo 446 del CP por prevaricación, en consurso con un delito de interceptación de comunicaciones (artículo 536):
El Juez o Magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado:

Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.
Estos son los elementos esenciales de la sentencia y en mi opinión, vistos los Autos y los medios de prueba aportados me parece razonable la solución alcanzada, habida cuenta del encaje de la conducta del magistrado en el tipo penal.

Cuestión diferente es si este juez es más o menos querido por otras de sus actuaciones, si merece mayor o menor reconocimiento ciudadano, pero tal y como dije en otro post sobre otro asunto de este mismo juez, la ley es dura pero es la ley. 

Por muchas cosas buenas que nos pueda parecer que haya hecho Garzón en este asunto lo ha hecho mal y el resultado es acorde a las normas que tenemos y que él conocía.

Y lo que debemos, como ciudadanos, es seguir denunciando no cuando se hace bien en comparación con como cuando se hace mal, sino cuando se hace mal, y personalmente no creo que este sea uno de esos casos.